Movilidad con justicia social: el reto inaplazable del transporte público

Ante las crecientes demandas sociales, los desafíos ambientales, la urbanización acelerada y un modelo de operación agotado, se impone una transformación estructural del sistema. No se trata únicamente de mejorar rutas o renovar la flota, sino de replantear desde la raíz la forma en que concebimos, financiamos, regulamos y operamos la movilidad colectiva en nuestras ciudades.

Durante décadas, muchos sistemas de transporte público en América Latina han evolucionado bajo condiciones de informalidad, débil institucionalidad, estructuras fragmentadas y un enfoque centrado en la operación más que en el servicio al usuario. El resultado: redes desarticuladas, servicios poco eficientes, baja calidad percibida, altos niveles de siniestralidad y una creciente pérdida de usuarios frente al transporte individual motorizado.

El primer gran reto es el fortalecimiento institucional. Sin una autoridad de movilidad robusta, con competencias legales claras, presupuesto suficiente y capacidad técnica, es imposible consolidar sistemas integrados, multimodales y centrados en el usuario. La creación o fortalecimiento de entes metropolitanos de transporte, con autonomía operativa y gobernanza técnica, debe ser una prioridad para avanzar hacia modelos más eficientes, coordinados y transparentes.

De la mano con ello, urge replantear el modelo de financiamiento del transporte público. En muchos sistemas, la tarifa al usuario ha sido la única fuente de ingresos, generando un círculo vicioso: baja calidad por falta de inversión, caída de usuarios y mayores presiones tarifarias. La experiencia internacional muestra que los sistemas sostenibles combinan ingresos tarifarios con aportes públicos, fondos metropolitanos, subsidios cruzados y contribuciones de beneficiarios indirectos (como desarrolladores inmobiliarios o zonas de alta afluencia). La movilidad debe reconocerse como un derecho social y un bien público, lo cual implica financiamiento estructurado y de largo plazo.

En este contexto, la discusión sobre la tarifa debe evolucionar. No se trata solo de cuánto se cobra, sino de cómo se estructura, a quién beneficia o afecta y qué incentivos genera. Las tarifas deben ser equitativas, sensibles a la capacidad de pago y promover la integración modal. Es necesario avanzar hacia sistemas tarifarios inteligentes, con mecanismos de subsidio focalizado y tarifas planas o integradas que faciliten los traslados, particularmente de los sectores más vulnerables.

Contar con una tarifa técnica en el transporte público es fundamental para conocer el costo real de operación de los servicios y garantizar su sostenibilidad. Esta herramienta permite establecer esquemas de financiamiento transparentes y equilibrados, evitando que la tarifa al usuario sea la única fuente de ingresos. En este marco, los subsidios públicos juegan un papel clave: permiten cubrir la diferencia entre el costo real y la tarifa socialmente aceptable, asegurando la continuidad del servicio sin afectar a los sectores más vulnerables.

Además, habilitan procesos de modernización del transporte, renovación de flota, profesionalización de los operadores y mejoras tecnológicas. Sin una estructura tarifaria adecuada y apoyos gubernamentales, es inviable ofrecer un servicio de calidad, seguro, sustentable y accesible. La combinación de tarifa técnica y subsidios bien diseñados es, por tanto, una condición indispensable para lograr un sistema de transporte público eficiente y centrado en el usuario.

Otro componente clave en la modernización del sistema de transporte va más allá de la renovación de autobuses. Implica la reconfiguración del modelo de operación, con operadores profesionales, contratos claros de prestación de servicios, indicadores de calidad medibles y herramientas tecnológicas que mejoren tanto la gestión como la experiencia del usuario. La digitalización del transporte —desde los sistemas de pago hasta los centros de control— debe ser una prioridad, así como la interoperabilidad entre modos y operadores.

Un punto ineludible en la agenda actual es la descarbonización del sector transporte, responsable de una parte significativa de las emisiones contaminantes urbanas. La transición hacia flotas cero emisiones —eléctricas, híbridas o de tecnologías limpias— requiere de políticas públicas coordinadas, incentivos fiscales, esquemas de financiamiento accesible y una clara hoja de ruta nacional y local. Esta transición debe estar alineada con los compromisos climáticos y las metas de sustentabilidad urbana.

No obstante, ninguna transformación será sostenible si no se aborda la formalización del sector. Miles de unidades siguen operando en la informalidad, sin condiciones laborales dignas, sin control operativo y fuera de los esquemas de planificación urbana. La formalización debe ser un proceso gradual, pero decidido, con acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y la construcción de un nuevo esquema de profesionalización del servicio.

Asimismo, el nuevo paradigma de transporte debe incorporar una perspectiva de inclusión social y de género. La movilidad de las mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades marginadas ha sido históricamente invisibilizada. Diseñar rutas seguras, accesibles, con infraestructura adecuada; garantizar la participación de estos grupos en la toma de decisiones; y asegurar políticas de movilidad con enfoque de derechos es una condición básica para un sistema verdaderamente democrático.

En suma, el transporte público no puede seguir operando como un conjunto de soluciones aisladas. Requiere una visión integral, transversal y de largo plazo, donde la calidad del servicio, la sostenibilidad financiera, la reducción de emisiones y la equidad social estén en el centro. Esto demanda liderazgo político, voluntad institucional y colaboración entre los distintos actores: gobiernos, operadores, academia, sociedad civil y sector privado.

La transformación del transporte público es posible. Existen experiencias exitosas en distintas latitudes que demuestran que, con una buena planeación, recursos adecuados y participación ciudadana, se puede construir un sistema más eficiente, seguro, limpio e incluyente. No se trata solo de mover personas, sino de construir ciudades más justas, resilientes y sostenibles.

La movilidad es un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier país. No solo      se trata de la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, sino que también está estrechamente ligada con la calidad de vida de las personas, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

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Con 40 años de experiencia en la operación de transporte público de pasajeros, es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) desde 2020. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y socio de Corredor Insurgentes S.A. de C.V., la primera empresa operadora de BRT en la Ciudad de México, ha liderado la vinculación de la AMTM con organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales e internacionales de movilidad y transporte. Actualmente, forma parte del Comité Ejecutivo 2025-2027 de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) para América Latina.